CARGA CONTRA LOS JUECES

Podemos tacha de ‘ilegítima’ la crítica del CGPJ a Iglesias: ‘Está al servicio de la derecha’

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Unidas Podemos salió este jueves en defensa del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la organización, Pablo Iglesias, y señaló que el comunicado en su contra emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por criticar la sentencia que condena a 19 meses de cárcel a la dirigente de la formación Isabel Serra es «ilegítimo» porque procede de una «cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha».

«Cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo», afirmó el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

Asimismo, en otro mensaje, el diputado de En Comú y miembro de Podemos criticó que con esta forma de actuar, la cúpula judicial ha vuelto «a confundir la independencia judicial con un privilegio corporativo para blindarse del escrutinio público».

El órgano de Gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes ha emitido un comunicado este jueves rechazando rotundamente las críticas de Iglesias a la condena impuesta a la portavoz de Podemos. A su juicio, las palabras de Iglesias -que entre otras cosas afirmó este miércoles, tras conocer la sentencia, que le invadía «una enorme sensación de injusticia»– «generan una sospecha inaceptable» sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

Para el CGPJ, estas afirmaciones «merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados».

Así, se ve, una vez más, «en la obligación» de apelar a Iglesias, como miembro del Gobierno, “a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces».