ACEPTÓ 10 MEES DE CÁRCEL

El Gobierno compra material por 263 millones a una empresaria condenada por estafa

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El Gobierno ha comprado por importe de 263 millones de euros material sanitario a una compañía catalana de la que es copropietaria una empresaria condenada por estafa y cuya actividad principal hasta ahora era la fabricación de artículos de marketing para el sector de bebidas de alta gama.

El Ministerio de Sanidad llevó el pasado lunes a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios varias tomas de razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos medios de protección para luchar contra el coronavirus -mascarillas, guantes de nitrilo y gafas de protección, entre otros- como paso previo al acuerdo el martes en el Consejo de Ministros.

Según recoge El Independiente, entre las propuestas se encuentran los cuatro pedidos que el departamento que dirige Salvador Illa ha encargado a FCS Select Products SL para un total de 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, diez millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. El importe asciende a 263.036.600 euros (IVA incluido).

Es preciso señalar que uno de los tres suministradores es FCS Select Products, que se encargará de proporcionar más del 92% de las mascarillas anunciadas por el ministro con cargo a este contrato (550 millones de unidades). Con sede social en una casa de la localidad de San Cugat del Vallès (Barcelona), se trata de una empresa constituida el 21 de mayo de 2012 e inscrita en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) con el epígrafe de «intermediarios del comercio de productos diversos».

Uno de los administradores solidarios de FCS Select Products -Mayra D.C.- llegó a un pacto con la Fiscalía en febrero de 2016 y se declaró culpable de la comisión de un delito de estafa agravada, aceptando diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pedía para ella cuatro años de prisión.

La empresaria fue imputada por su participación en la trama delictiva liderada por Josep Xicola -antiguo propietario de la inmobiliaria Fincas Corral- y dedicada a la compra y posterior vaciamiento de compañías con problemas financieros. El caso lo investigó el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona y correspondía su enjuiciamiento a la Audiencia de Barcelona, si bien los acusados llegaron finalmente a un pacto con la Fiscalía.